CCOO llama a la movilización de la comunidad universitaria ante el recorte de los estudios universitarios

La mayoría de los rectores ha mostrado su desacuerdo con la reducción de los grados, pero la propuesta de posponer cualquier aplicación de esa reducción hasta 2017 en lugar de favorecer que esa reforma se paralice puede acabar con el efecto contrario: ahora puede generar pasividad en la comunidad universitaria y, dentro de dos años, se verá como algo que no tiene marcha atrás. Esto sería muy negativo ante la gravedad de la situación ante lo que está pasando. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas estiman una caída del empleo en las Universidades durante el último semestre de 7.980 efectivos. No basta con declarar nuestro desacuerdo, no podemos permitir que un gobierno en una debilidad total, abrumado por la corrupción y el engaño, en el final de su mandato imponga una reforma que nadie quiere en la Universidad.

La sección sindical de Comisiones Obreras en la Universidad de Oviedo convoca la manifestación del miércoles 25 de febrero a las 18:30 delante de la estación de RENFE de Oviedo.

Una estrategia planificada

de desmantelamiento de la Universidad pública

El Partido Popular quiere terminar la legislatura imprimiendo un nuevo golpe a la Universidad Pública. Su plan consiste en desmantelar progresivamente el sistema público universitario. Al recorte en la financiación general de todas las universidades que acompañó el famoso «Decreto Wert» de 2012 que modificó drásticamente la dedicación docente en función de los sexenios de investigación, se unieron los recortes en financiación (un 15% desde 2010), la reducción en las partidas dedicadas a la investigación y la congelación de las plantillas, mediante la tasa de no reposición del 90 % en la contratación de profesorado y del 100 % del personal de administración. En un contexto de crisis económica y de reducción de los ingresos de la mayoría de la clase trabajadora, se suben las tasas académicas y se reduce el número de becas. Todo ello ante las mentiras constantes y sistemáticas del Ministerio de Educación que pretende hacer propagada diciendo cosas tales como que, aunque la partida presupuestaria para becas se ha reducido, el número de becarios se ha incrementado. Asimismo, responsables políticos y altos cargos del Ministerio han manifestado su intención de promover una transformación del sistema de becas públicas en préstamos privados.

 Nos encontramos ante un cambio de modelo en la enseñanza pública universitaria que va afectar negativamente a la comunidad universitaria y toda la sociedad. Los recortes de todo tipo no son medidas coyunturales, sino parte de un plan de desmantelamiento del sistema público universitario que debemos impedir.

La degradación buscada de la Universidad

El gasto público en educación se ha reducido desde 2009 de forma alarmante y previsiblemente seguirá cayendo hasta situarse en límites que creíamos ya superados (el de década de los años sesenta con una enseñanza obligatoria hasta los 14 años):

  • Los alumnos, especialmente aquellos con bajos niveles de renta, tienen cada vez más difícil el acceso a los estudios de posgrado por el aumento de tasas y la privatización encubierta que prepara el Ministerio de Educación.
  • Los profesores universitarios funcionarios (un 75% en la Universidad de Oviedo) verán drásticamente mermada su promoción profesional con la reforma cualitativa del sistema de acreditación que pretende reducir las resoluciones positivas de acreditación de la ANECA hasta dejarlas en un 10% (frente al actual 60%).
  • La situación de los profesores con contratos laborales (el 25 % en la Universidad de Oviedo) continuará precarizándose con las reformas anunciadas. Una de las figuras, el Profesor Ayudante Doctor, solo puede mantener ese contrato 5 años y en estos momentos ya hay un gran número que finaliza ciclo sin saber qué puede pasar con ellos.
  • El uso fraudulento, una vez más, de la figura del profesor asociado (que cobra entre 300 y 800 € y debe cotizar pro su cuenta) es otra de las lacras del precariado contemporáneo. Todos ellos ven reducidas sus aspiraciones de estabilidad a modalidades contractuales vinculadas a las exigencias docentes de los departamentos que pueden reducirse significativamente con la reforma de titulaciones (reducción del grado a 3 años y ampliación del máster a 2) provocando un despido masivo.
  • Reduciendo la financiación de las universidades, de la inversión en investigación, el número de becarios de FPI y similares se está llevando a las universidades a su degradación, empleando burdos sistemas de clasificación de excelencia elaborados por instituciones que son cómplices de esta estrategia en la que está embarcada el Gobierno.

La reducción de las carreras universitarias a tres años: un paso más

En este contexto se entiende que el ministro liquidador del sistema público universitario haya pergeñado la reducción de los grados a tres años y el aumento de los máster a dos. Se pretende cambiar el plan de estudios de los grados de cuatro años que acaba de empezar (sólo hay una promoción formada en este plan) y, además, sin un conocimiento objetivo de sus resultados.

No importan los muchos problemas legales y administrativos que supondría la existencia en paralelo de titulaciones con valor legal idéntico pero de diferente duración (licenciatura de cinco años, grado de cuatro y grado de tres). Esto sin tener en cuenta el inmenso desgaste normativo, de recursos y esfuerzo personal que los universitarios hemos sufrido en estos últimos años.

El gobierno difundió a través de la prensa nacional que el nuevo decreto iba a suponer un «ahorro» a las familias españolas por reducir las carreras de cuatro a tres años. Las razones esgrimidas desde el Ministerio para justificar esta reforma son sencillamente mentiras. Basta hacer una simple cuenta para darse cuenta de que cuatro años (240 créditos) a 1020 euros anuales más un año de máster (60 créditos) a 1980 euros siempre será un costo menor que tres años a 1020 euros anuales y dos años a 1980 euros anuales. Aún así el Ministro nos insulta diciendo que las familias se ahorrarán 150 millones de euros y oculta que lo que sucederá es que se dejaran de invertir varios cientos de millones más en la enseñaza pública al reducir las carreras un 25%, esto es, un año menos de los cuatro que hasta ahora tenían.

Pero también se trata de disminuir la calidad de la enseñanza, un grado de tres años no trasmitirá los mismos conocimientos que uno de cuatro y, en consecuencia, el titulo estará devaluado y será menos competitivo o interesante para encontrar trabajo acorde con la formación.

La reducción de las carreras no se hace, como es obvio para mejorar la formación académica ni, aunque se arguye, buscar la compatibilidad con las carreras de otros países de Europa, sino que está directamente relacionada con una lista de 255 propuestas elaborada por Hacienda en julio de 2014 para cumplir el compromiso de déficit. La medida de ahorro 108.ª de esa lista hace alusión explícita a la reducción de los grados a tres años, de modo que así se vea reducido el capítulo presupuestario I (el de personal), lo que evidencia que la motivación del Gobierno es sencillamente abaratar los costes de la Universidad pública (al tiempo que se abre volumen de negocio a las universidades privadas con los costes de matrícula mayores o, incluso, inalcanzables, para buena parte o la gran mayoría de la población, según el máster).

La mayoría de los rectores ha mostrado su desacuerdo con la reducción de los grados, pero la propuesta de posponer cualquier aplicación de esa reducción hasta 2017 en lugar de favorecer que esa reforma se paralice puede acabar con el efecto contrario: ahora puede generar pasividad en la comunidad universitaria y, dentro de dos años, se verá como algo que no tiene marcha atrás. Esto sería muy negativo ante la gravedad de la situación ante lo que está pasando. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas estiman una caída del empleo en las Universidades durante el último semestre de 7.980 efectivos. No basta con declarar nuestro desacuerdo, no podemos permitir que un gobierno en una debilidad total, abrumado por la corrupción y el engaño, en el final de su mandato imponga una reforma que nadie quiere en la Universidad.

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