El Gobierno aprueba un nuevo Reglamento para facilitar más el despido, incluyendo las Universidades
El martes 30 de octubre se publicó el RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Este tiene, entre otros objetivos, el de establecer las peculiaridades del procedimiento de despido en el sector público y específicamente en el ámbito de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores.
Tras no renovar una gran cantidad de funcionarios interinos en las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades, cuyo despido no necesitaba de normativa específica, y de una parte importante de Profesores Asociados, Ayudantes, Ayudantes Doctores e Investigadores, en la mayoría de estas, el Gobierno aprueba este reglamento para ir más allá y entrar en el posible despido colectivo de los laborales con contrato indefinido como Contratados Doctores, Colaboradores o PAS Laboral.
En lo que se refiere a las causas para el despido en las Administraciones públicas, el texto dice:
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.
Las causas técnicas u organizativas quedan del todo abiertas, pero sin duda el cierre de titulaciones, al amparo de las RD-ley 12/2012 de 20 de abril podrá ser una de las causas.
Resulta especialmente paradójico que parte de los casos la ha provocado y aumentado la propia administración por retardar o no pagar las partidas comprometidas de ejercicios anteriores. Sin embargo, hasta la fecha, no se han depurado responsabilidades y, como siempre, lo acabarán pagando los trabajadores mientras siguen creciendo los puestos de designación directa.
A partir de ahora el RD marca un futuro sombrío para los servicios públicos, que quedarán totalmente supeditados a la discrecionalidad unilateral del Gobierno. La dependencia económica de las Universidades públicas supera en la mayoría de casos el 80% del total del gasto, una reducción de los presupuestos abre directamente la puerta al despido del personal universitario.
Respecto a las prioridades de permanencia tendrá:
prioridad el personal laboral fijo que hubiera adquirido esa condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezca dicho ente, organismo o entidad pública. La Secretaría de Estado de AAPP o autoridad equivalente en el ámbito de las CCAA, podrá establecer la aplicación de dicha prioridad en los procedimientos que afecten al personal laboral de sus respectivos ámbitos, aun cuando el Departamento, Consejería, organismo o entidad que promueva el procedimiento no lo hubiera previsto, si, a la vista del expediente, entendiese que es aplicable dicha prioridad, por ser adecuada a las circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la ordenación general en materia de RRHH e interés público.
Queda por ver la prisa que se dan algunas CCAA para aplicar este nuevo decreto que debilitará aún más los servicios públicos. En muchas Universidades ya se ha despedido a gran parte del personal que no era fijo, por lo cual este sistema parece diseñado para despedir a quienes tengan suscrito contratos de carácter indefinido.
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