En nuestra anterior circular os informábamos de una reunión que íbamos a tener con la Mutua para un posible acuerdo de concertación de IT por contingencias comunes.
Este acuerdo sólo afectaría al PAS y PDI del régimen general, para que en los casos de baja por IT consecuencia de contingencias comunes, a partir del 16º día de baja se facilite al trabajador/a a través de un servicio concertado con clínicas privadas el tratamiento de la enfermedad o accidente no profesional (designando la propia Mutua la clínica y médico), siendo esta opción voluntaria para el trabajador, que será llamado por la Mutua el 16º día de baja para que obligatoriamente pase por su consulta, y así determinar si le faltan pruebas por hacer o está pendiente de algún tratamiento en la Seguridad Social, para darle la posibilidad de adelantarlos por la Mutua enviándolo a la clínicas privadas para realizar las pruebas o tratamientos pendientes.
En caso que el trabajador decida seguir esperando por las pruebas de la SS, se comunicará a la inspección médica su negativa. Si ya está siendo tratado por la Seguridad Social el trabajador puede decidir seguir en la SS o hacer los tratamientos que le proponga la Mutua; en el caso de seguir con la SS, se le seguirá haciendo un seguimiento de la enfermedad a través de la Mutua. En el caso de patologías de gran calado como pueden ser tratamientos de cáncer o enfermedades crónicas se seguiría encargando la Sanidad Pública.
La opción planteada, según nos informó la Gerencia y la propia Mutua, no supondría coste alguno para la Universidad ya que se pagaría con la cuota que pagamos a la Seguridad Social, aunque sí para el Servicio Público de Salud, ya que sería éste quién abonaría los gastos ocasionados en las clínicas privadas, contribuyendo así una Administración Pública (la Universidad de Oviedo) de forma indirecta al desvío de fondos públicos a empresas colaboradoras de la SS, y las consecuencias de esto estamos viendo todos los días: Eliminación de empleos públicos, precarización de los servicios públicos y de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores/as que los prestan.
CCOO está en contra de este convenio que supone únicamente un mayor control y seguimiento por parte de la Administración de los procesos de IT y lo más grave, supone contribuir desde una Administración Pública a la privatización de un servicio público como es la Sanidad.