Autor: Urban Red

El consumo político, como medio de participación a través del mercado, está aumentando en la mayoría de las democracias occidentales. En consecuencia, las empresas se han visto obligadas a rendir cuentas ante los clientes. Este artículo analiza los factores asociados a tres tipos de consumidores políticos: los que boicotean, los que compran y los realizan ambas acciones en oposición a aquellos consumidores que no están implicados políticamente. Utilizando datos de una muestra representativa de la población española, nos centramos en el papel que la eficacia interna de los individuos juega en el consumo político. Los resultados muestran que los predictores del comportamiento de los boicoteadores y los compradores son, en general, diferentes. La eficacia política interna es significativa para los que realizan ambas acciones y los que compran, mientras que la eficacia del consumidor es más predictiva en el caso de los que realizan boicot. El uso de las redes sociales es común a todos los consumidores políticos.

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This study addresses the factors that determine EU-funded resources in the context of urban development policies in Spain. The interplay of institutional capacity, prior inertia, and local characteristics emerge as determinant variables on Spanish urban financing dynamics. The analysis of the 121 funded cases in the 2021 Spanish call for sustainable urban development reveals the presence of specific local characteristics to be crucial in assessing funding. Stable small and medium-sized municipalities with previous funding experience are more likely to secure funding. The Spanish case emerges as paradigmatic, illustrating how current urban funding frameworks recognise cities with unique characteristics as exemplary models.

El objeto de este trabajo consiste en el análisis de la sentencia Verein Klimaseniorinnen Schweiz (Asociación climática de personas mayores de Suiza) y Otros. Suiza, de 9 de abril de 2024, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, realizando una interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos de conformidad con la normativa internacional sobre cambio climático, reconoce el derecho a la protección efectiva frente a los efectos adversos graves y los riesgos en la vida, bienestar y calidad de vida causados por este fenómeno. Este derecho se concreta en la exigencia al Estado del cumplimiento de los objetivos climáticos previstos en el Acuerdo de París, como el de la neutralidad de carbono, es decir, la reducción de las emisiones contaminantes a 0 para 2050. Para ello, comprobará si el Estado ha adoptado medidas normativas concretas y progresivas de reducción de las emisiones y estas se aplican, lo que supone un reparto de la carga entre las generaciones presentes y futuras.

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El 70 % de la población española vive en áreas urbanas. Son los espacios que concentran el grueso de la actividad económica y el empleo, pero también las desigualdades y el impacto medioambiental. Estos retos asociados al crecimiento urbano desbordan los límites municipales y por eso es necesario abordarlos en clave metropolitana. Sin embargo, mientras la mayoría de países europeos de nuestro entorno están dando una respuesta política al proceso de metropolitanización, en España existe una larga tradición de invisibilidad del hecho urbano y metropolitano: a día de hoy, solo existe un gobierno metropolitano en funcionamiento, el Área Metropolitana de Barcelona. 

Mientras la mayoría de países europeos de nuestro entorno están dando una respuesta política al proceso de metropolitanización, en España existe una larga tradición de invisibilidad del hecho urbano y metropolitano. En este sentido, el caso español representa una anomalía en Europa. Este artículo presenta los resultados principales del proyecto METROGOV (Gobernanza Metropolitana en España: Institucionalización y Modelos), financiado en el marco del Plan Nacional I+D+i 2019 del Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo del artículo es analizar las características de la gobernanza metropolitana en España.

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La guerra de Ucrania ha consolidado los grandes cambios estructurales de la política y la economía global. Bajo el paradigma de la desglobalización, Estados Unidos y China abren una nueva era de competencia. La Unión Europea aspira a consolidar su ruta geopolítica, mientras que otros actores consolidan su capacidad e influencia. En materia económica, el retorno del Estado abre un nuevo escenario de política industrial y las cadenas globales de suministro representan la llave de la internacionalización. En perspectiva jurídica, el orden liberal se desvanece ante los constantes ataques de Rusia, China o las tesis políticas nativistas. En suma, se analiza la nueva era internacional.

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El problema de la vivienda (del acceso a una vivienda digna) en España es una realidad social. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística concluye que un 42,7% de los hogares españoles tiene algún problema relacionado con la vivienda. La población que presenta una situación de carencia material y social grave se sitúa en 2022 en el 7,7%. Por su parte, el reciente estudio elaborado por la ONG Provivienda «Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos», financiado por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en 2023 concluye que un 29,5% de las familias sufren problemas de exclusión residencial, siendo el principal problema la «asequibilidad económica».

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