“El paisaje y la idea de planificación integrada”

Omar Bouazza Ariño (2025)

Asamblea. Revista Parlamentaria De La Asamblea De Madrid, (48), 69–109.

Los Estados que han ratificado el Convenio Europeo del Paisaje se han comprometido a la integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas sectoriales de incidencia territorial. En este trabajo se realiza un estudio de la asimilación de esta norma en el ordenamiento español, estatal y autonómico, partiendo de una evolución histórica. Se comprobará que el modelo predominante, a pesar de las apariencias, sigue siendo el sectorial, acuciado en los últimos tiempos por la preeminencia del sector de las infraestructuras de energías renovables.

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“Uso táctico en la declaración de bienes culturales”

Andrés Manuel González Sanfiel (2025)

Práctica urbanística: Revista mensual de urbanismo, Nº. 194, 2025

ISSN 1579-4911,

La declaración protectora busca a menudo neutralizar iniciativas, tanto públicas como privadas, y controlar bienes concretos por parte de la administración cultural. Por medio de ejemplos, se trata de poner en evidencia la laxitud de los criterios utilizados para las declaraciones, así como también la utilización de los procedimientos como táctica dilatoria y las consecuencias negativas para la conservación de los bienes que supuestamente se trata de proteger. Se incide igualmente en que más importante que las declaraciones son las acciones de protección y valorización.

“Los cabildos insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (El precipitado final de su evolución histórica)”

Andrés Manuel González Sanfiel (2025)

Revista Canaria de Administración Pública. Núm. Monográfico (2025): La organización jurídica y administrativa de las islas Canarias: perspectivas histórica y actual

Los Cabildos insulares han evolucionado de ser sólo órganos de la entidad local isla a tener, además, la condición de instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se les reconoce otra dimensión que se suma a su tratamiento como administración local, lo que les permite colaborar con la Comunidad Autónoma en la consecución de los intereses de esta última. Con ello se convierten en una pieza clave del desarrollo autonómico. En esa nueva faceta, se les habilita para ser receptores de un conjunto de competencias autonómicas vía delegación o transferencia, lo que queda garantizado por vía estatutaria. El proceso de descentralización competencial, llevado a cabo en los últimos tiempos, otorga a los Cabildos unas responsabilidades y tareas que los convierten en grandes protagonistas del desarrollo de la entera Comunidad Autónoma, aunque muestra también algunos peligros.

“El despliegue acelerado de fuentes de energía renovable como cuestión de interés público superior”

Antonio Fortes Martín (2025)

Revista General de Derecho de los Sectores Regulados: RSR, Nº. 15 (marzo), 2025

ISSN-e2603-6444

La consecución de la tan ansiada neutralidad climática se hace descansar en las posibilidades que ofrece la llamada transición energética. Esta transición energética centra su atención, además de en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la eficiencia energética, también en el despliegue de energías renovables. La aceleración de proyectos de energías renovables no sólo se está favoreciendo sino que ha llegado a blindarse al considerarse como una cuestión de interés público superior. Un blindaje que precipita su desarrollo y materialización en el territorio por encima de otros intereses socio-económicos e, incluso, ambientales si bien, en última instancia, no puede olvidarse que la transición energética que posibilita estas infraestructuras de energías renovables ha de ser igualmente una transición socialmente justa.

«A Contracorriente. Una Defensa Del carácter Normativo De Los Planes urbanísticos»

Juan Antonio Chinchilla Peinado (2025)

Revista De Derecho Urbanístico Y Medio Ambiente 59 (375):39-80.

La naturaleza reglamentaria de los planes de urbanismo se ha puesto en cuestión como consecuencia de los rígidos efectos de la nulidad de tales instrumentos aplicada por la jurisprudencia y el amplio número de planes anulados. Un amplio sector doctrinal propugna una naturaleza mixta de los planes, identificando elementos que tienen naturaleza resolutoria buscando su posible subsanación si incurren en ilegalidades. Frente a ello se propugna en este artículo la naturaleza única de los planes, en cuanto un todo, como normas reglamentarias. Pero se trata de un tipo peculiar de norma que demanda un nuevo entendimiento de las consecuencias de su ilegalidad ante la relevancia de la participación pública.