El Tribunal Supremo ha incorporado un matiz fáctico al principio de no regresión que puede originar problemas de seguridad jurídica y de descrédito del principio que lucha por consolidarse. Lo peor del caso es que no era necesario introducir esa idea para mantener su posición, que simplemente se recondujo a un problema de falta de motivación en la modificación de un plan urbanístico. La realidad (los hechos) no se vieron afectados. Además, se confunde el papel de la planificación ambiental estratégica del plan con la evaluación de impacto de proyectos, evitando una ponderación adecuada de los intereses públicos en presencia: la protección del suelo no urbanizable y la lucha contra el cambio climático.